España va por mal camino
(LN, 2026) Después de su paso como juez del Tribunal Constitucional de España, Francisco Tomás y Valiente había decidido que su última vocación sería la docencia. Aquel 14 de febrero de 1996, el jurista entró a su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid como cualquier mañana y aprovechó para hacer un llamado telefónico antes de subir al aula.
Camuflado como un alumno, el etarra Jon Bienzobas Arretxe entró a esa sala, le disparó tres veces y huyó. Treinta años después del crimen, el terrorista de ETA pisará nuevamente la calle en libertad, gracias a los beneficios obtenidos por los aliados del gobierno socialista.
Los beneficios para los exintegrantes de ETA, que se multiplicaron en las últimas semanas, ponen a España frente al espejo de su pasado más oscuro. Arretxe, alias “Karaka”, disfrutará del mismo régimen que decenas de condenados por terrorismo, que obtuvieron salidas diarias de prisión, de 8 a 21, para realizar supuestos trabajos y labores comunitarias antes de volver a dormir en la cárcel. Estos beneficiaron fueron conseguidos mediante un atajo legal que expone directamente al Partido Socialista (PSOE).
Karaka, que había sido condenado a 266 años de prisión, apeló al famoso artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que habilitó esos beneficios con el aval de una funcionaria del socialismo en esa región. Ese atajo legal se implementa desde que Pedro Sánchez cedió a sus aliados del Partido Nacional Vasco (PNV) y Bildu las competencias para manejar el sistema penitenciario, uno de los reclamos de estas fuerzas que negociaron a cambio de apoyar las iniciativas del socialismo en el Congreso.
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